Por Cirenia Chavez
Foto: L-plate big cheese /www.everystockphoto.com
La lógica intuitiva diría que los países que invierten más en gasto social tendrían mayores logros en términos de reducción de pobreza y desigualdad. Sin embargo, la realidad es más compleja y nos muestra que no necesariamente este es el caso. Los datos muestran que los países que contribuyen más al gasto público social son Argentina y Brasil (gráfico 1).
Fuente: Elaboración de autor en base a datos de CepalStat.
Una comparación de los logros en materia de reducción de pobreza y desigualdad muestra que en el caso brasileño, la reducción en desigualdad ha sido poca cuando se consideran los efectos de las transferencias y los impuestos indirectos, pero sobresale que los datos muestran que la reducción en la pobreza extrema (2.5 USD) es casi nula, y que la pobreza moderada (4 USD) aumenta por tres puntos porcentuales (gráfico 2). Los autores que han elaborado estudios sobre la efectividad de los sistemas de protección social para diversos países de la región indican que la explicación reside en que el número de personas en situación de vulnerabilidad que pasan a la pobreza moderada (debido a que pagan más en impuestos que lo que reciben en beneficios) es mayor que el número de personas que escapan de la pobreza por ser beneficiarios de las transferencias. Además, se menciona que el éxito moderado de las transferencias directas, que abarca transferencias monetarias condicionadas, pensiones no contributivas, transferencias de alimentos, beneficios de desempleo, pensiones de circunstancias especiales y otros beneficios, en la reducción de la pobreza se puede explicar también por el alto porcentaje de personas no pobres que reciben estos beneficios (74 %).
Gastar más por lo tanto no implica mejores resultados en materia de cobertura. En este sentido, es notorio el caso de Uruguay. A pesar de no encabezar la lista en términos de gasto social en la región y de enfrentar una crisis económica grave en el 2001 –en parte consecuencia del declive de las economías vecinas (Brasil y Argentina) entre otros factores, se ha mantenido en pie un sistema de protección social con características únicas.[1] No sólo el país hace obligatorio un mínimo de 13 años de educación, sino que también las escuelas públicas tienen una tasa de inscripción superior al 85%. La presencia de las instituciones privadas se observa en lugares donde la oferta de la educación pública es baja, como es el caso de la escuela pre primaria para niños entre 0 y 2 años. Otro factor a destacar es que el país cuenta con el sistema de pensiones más antiguo en la región. Los datos muestran que la pensión contributiva promedio es de 402 USD y la no contributiva es de 230 USD. En 2009, el 92 % de personas mayores de 64 años estaban cubiertas bajo alguna de las dos formas pensionarias.
No es coincidencia que en un análisis del caso uruguayo se encuentra que las transferencias en especie, específicamente en educación y salud, tienen el mayor efecto en términos de reducción de la desigualdad. Además se destaca que el coeficiente Gini es todavía menor cuando se consideran las pensiones contributivas, lo cual significa que las pensiones tienen un efecto notoriamente importante en la reducción de pobreza y desigualdad.
En un análisis sobre los determinantes de la reducción de la desigualdad, Huber y Stephens proponen que la antigüedad de las democracias (que ha permitido la salida en escena de los partidos de izquierda) es un determinante importante y está negativamente asociado con la pobreza y la desigualdad. Lo anterior quiere decir que en las democracias de larga trayectoria (de al menos 20 años), y donde se han elegido partidos de izquierda, se presentan mayores logros en términos de reducción de pobreza y desigualdad. Es un argumento interesante que se podría extrapolar al caso de los sistemas de protección social. Los sistemas de mayor antigüedad, que han avanzado y se encuentran más cerca de la universalización (Costa Rica es el otro ejemplo) han logrado avances más significativos en ambos frentes. Lo anterior podría marcar una pauta a seguir en los países donde funcionarios de política pública afrontan una disyuntiva y deben elegir entre seguir con políticas de focalización o fijar la mirada en una meta cuyos frutos se recogerán en generaciones venideras.
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