Por Heraldo Muñoz
Foto: saguayo / www.everystockphoto.com
Uno de los aspectos más significativos del Foro Permanente de Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, que tiene lugar del 20-31 de mayo en Nueva York, es poder debatir como impulsar democracias que estimulen la inclusión política de los pueblos indígenas.
Es fundamental que se garantice a todas las personas y, con carácter de urgencia, a los pueblos indígenas, la participación inclusiva y la activa toma de decisiones. Esto es esencial para superar las desigualdades históricas y la discriminación.
En América Latina y el Caribe, los pueblos indígenas suman una población de aproximadamente 50 millones de personas equivalente a alrededor del 10% de la población. Sin embargo, en dos países, Perú y Guatemala, los indígenas son casi la mitad de la población y, en Bolivia, superan el 60%. En México, aunque la población indígena signifique solo un 10% de la población total, allí vive (probablemente junto con Perú) la mayor población indígena de la región, en términos absolutos: cerca de 11 millones de personas.
México, por ejemplo, esta perfeccionando la coexistencia de los Sistemas Normativos de los diferentes pueblos y comunidades indígenas con el Sistema Nacional. Muchas veces estas diferentes maneras de representación y participación de los pueblos indígenas a nivel local y nacional, así como de la resolución de controversias, se encuentran en una constante tensión.
Los pueblos indígenas han demostrado en sus planteamientos que están conscientes de la realidad de las democracias modernas y las limitaciones que éstas les han ido imponiendo a su participación política. Es por ello, que los pueblos indígenas han re-articulado su sistema de saberes y lo han incorporado dentro de su propio marco institucional, convirtiéndose en nuevos actores en la política nacional e internacional. Si bien sus diversas participaciones se han limitados a ciertos espacios de decisión, han demostrado que son capaces de enriquecer las democracias latinoamericanas.
El reto consiste en propiciar que la intervención del Estado logre el impacto deseado en un contexto político y cultural diverso a través de la inclusión en sus procesos, agendas y definiciones políticas sobre la participación de las y los indígenas.
En el PNUD también entendemos los retos de la multiculturalidad como parte de los desafíos a los cuales se enfrenta la construcción más amplia de la democracia. Argumentamos que la sostenibilidad de las democracias en nuestra región depende en gran medida de su capacidad para hacer efectivos los derechos humanos. Y estos incluyen, desde luego, los derechos indígenas reconocidos por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.
Los esfuerzos de las instituciones mexicanas y de los liderazgos indígenas son una prueba tangible de que con voluntad política se puede avanzar hacia una democracia pluricultural que impulse el desarrollo humano de todos y todas.
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